La detención del CEO de Telegram hace semanas en Francia ha puesto en marcha una serie de cambios en la conocida aplicación de mensajería. La aplicación es usada de forma habitual con fines criminales, debido a que no se deja rastro de sus chats. El CEO de la app confirma ahora que el servicio va a compartir números de teléfono y direcciones IP de aquellos usuarios que violen las reglas.
Telegram compartirá ciertos datos con las autoridades
Aquellos usuarios que usen la app para llevar a cabo actividades ilegales verán como sus datos son compartidos con las autoridades competentes, así se ha hecho saber.
Cambio de política
Durov ha sido acusado en Francia de diversos delitos, entre ellos se le acusa de ser cómplice en la administración de una plataforma que permite actividades ilegales a grupos criminales organizados. La aplicación se toma estas acusaciones con seriedad e introducen ahora una serie de cambios. Como se ha hecho saber, Telegram también va a impedir que se divulguen contenidos problemáticos en la plataforma. Para ello se va a introducir una moderación más fuerte.
La aplicación va a permitir además que los usuarios reporten contenidos que consideran son inapropiados o ilegales. Esto se podrá hacer a través de la cuenta @SearchReport dentro de la propia app. Estos cambios en la app supone un notable cambio, ya que hasta el momento su política era la de nunca compartir información con gobiernos o autoridades.
Telegram anuncian cambios tras la detención de su creador
Sin embargo, los problemas legales del CEO en Francia son algo que ha generado preocupación en la empresa. Desde Telegram son conscientes de que otros países podrían tomar acciones legales contra la app. Estos cambios en su política se presentan como una forma de calmar las aguas y poder prevenir futuros problemas. Habrá que ver si surten el efecto deseado por parte de la aplicación.
Actualizado con declaraciones directas de Telegram:
Las direcciones IP y los números de teléfono de aquellos que violen nuestras reglas pueden ser revelados a las autoridades pertinentes en respuesta a solicitudes legales válidas
